Luis Garcia - Entrevista al decano de arquitectura UNDAV, Sorin

Pensar la ciudad para transformarla

Entrevista al Arq. Jaime Sorin

 

Por Luis Garcia

Cúal es la problemática habitacional en el AMBA?

En la última década la población que vive en inmuebles alquilados en la Ciudad de Buenos Aires creció un 30% y la población que vive en villas se incrementó un 85%. En la Ciudad existen 365.000 hogares porteños con necesidades habitacionales, el 28%. donde habitan 1,17 millones de las 3 millones de personas que viven en la Ciudad.

Por la crisis económica y por la falta de políticas públicas en viviendas, en los últimos años se profundizó el déficit habitacional. El macrismo discontinuo la entrega del plan ProCreAr, programa que heredó de la administración anterior. Crearon los créditos UVA ajustable a la inflación, no tuvo mucho impacto en la generación de viviendas pero si problemas para pagar las cuotas por la alta inflación que vivió la Argentina los últimos años.

Ante la imposibilidad para acceder a la vivienda propia se añaden las dificultades para alquilar, con una reducción del parque de viviendas en alquiler y requisitos formales muy exigentes para inquilinos e inquilinas. La caída de los ingresos, ya sea por menor capacidad de poder adquisitivo o por la pérdida de trabajo, se convirtió en un nuevo obstáculo para que las familias accedan a un techo digno.

En los últimos cuatro años del gobierno de Macri muchas familias no pudieron acceder a la casa propia, como también se les hizo difícil afrontar un alquiler. Esto se da por los altos precios en los alquileres, la escasa capacidad de ahorro, las limitaciones para acceder a créditos y las permanentes crisis económicas se ubican como las causas más visibles del problema, que afecta no sólo a los sectores más vulnerables, sino también a amplias capas medias.

El resultado es que hoy se comparten espacios entre familias y empiezan a verificarse situaciones de hacinamiento. Esta precariedad en la infraestructura habitacional implica riesgos inmediatos para la salud, tanto en hoteles tomados como en villas, donde subsisten problemas de riesgo eléctrico e inadecuado acceso a servicios sanitarios e higiene urbana.

Para subsanar estas problemáticas habitacionales que se dan en barrios populares de la ciudad el estado tiene que estar presente con políticas de vivienda y planear políticas sanitarias, educativas, ambientales, laborales, de género y de envejecimiento activo.

Según cifras de la Encuesta Anual de los Hogares, en la Ciudad existen 653.128 (50,4%) de hogares propietarios sin hacinamiento, 178.782 (13,8%) de inquilinos unipersonales y 364.989 (28%) con necesidades habitacionales. El tipo de hogar más frecuente de este último grupo es el de inquilinos de bajos ingresos con hijos a cargo (139.311 personas), con el 38% del total de familias con problemas habitacionales. Los hogares inquilinos con hijos de los quintiles superiores (42.682 personas) representan el 12%; la población en villas (52.187), el 14%; la población en inquilinatos (47.642), el 13%; en situación de calle (7251), el 2% y propietarios con hacinamiento (16.795), el 4,6%. Este último grupo representa a personas que en algún momento pudieron acceder a su propia vivienda, pero que ante la ampliación del grupo familiar no pudieron mudarse a inmuebles acordes a sus necesidades.

Y la crisis habitacional en la provincia?

La crisis habitacional bonaerense con el rápido crecimiento demográfico del Conurbano, donde se pasó de 5 millones de habitantes en 1970 a 10 millones en 2001 y para 2020 las estimaciones rondan los 14 millones.

Ante la falta de registro de tierras impide el cumplimiento de la Ley de Acceso Justo a la Tierra (Ley 14.449), que contempla la cesión del 10% de los terrenos donde se proyectan megaemprendimientos, cementerios y barrios privados, countries, barrios náuticos, barrios de chacras, barrios cerrados, para la creación de espacios verdes o viviendas sociales.

Entre 2009 y 2015, la gestión de Daniel Scioli construyo 6.600 viviendas sociales por año, mientras que entre 2016 y 2019 se construyeron solo 2.000 por año.

 

Se puede dejar el acceso a la vivienda en manos del mercado?

-El Estado debe tener un rol activo en lo financiero, pero también tiene que ser un Estado que construya. Incluso, para alquilar los lugares. Si el Estado construye para alquilar, también va a regular el valor de los alquileres. Y lo mismo pasa con las viviendas que están desocupadas. El problema no es que haya inversión de resguardo, es decir aquel que invierte en una propiedad, el problema es que no se le cobre un impuesto diferencial a que haga eso. Es una renta, debería pagar. La vivienda es un bien social. Si vos apostas a la valorización y lo querés tener vacío, tenelo vacío, pero hay que pagar un impuesto diferencial. Pasa en todos los lugares del mundo y acá debería hacer lo mismo.

 

Acceder a la vivienda es un derecho humano?

Toda persona tiene derecho acceder a la vivienda digna y adecuada, consistiendo a vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad en una comunidad. 

La ausencia de políticas públicas de acceso a la vivienda, la falta de regulación al mercado inmobiliario y las excluyentes planificaciones urbanas acrecientan año a año los problemas habitacionales.

En gobiernos neoliberales tuvimos proyectos económicos que decidían que el acceso a la tierra y a la vivienda quedaran en manos del mercado, produciendo fuerte desigualdades socio territoriales, perjudicando no solo a los pobres al acceso a la vivienda, sino también de los ricos en su ansiada paz social. Especular que la tierra sea para los que más tienen dejando fuera a los sectores de bajos recursos perjudica al desarrollo de las sociedades. En una sociedad capitalista la lógica del mercado inmobiliario es generar ganancias, pero también la lógica es tener un estado constructor para generar derechos habitacionales.

Conclusiones de la entrevista

EL DERECHO A LA CIUDAD

En la Provincia de Buenos Aires no todos los sectores tienen el mismo acceso a la ciudad. A consecuencia de la lucha social y como fruto del juego dialéctico de las clases sociales, el Estado pone en práctica la política habitacional como parte del sistema de políticas sociales con los objetivos de abarcar y resolver las necesidades de vivienda. Sin embargo, las transformaciones globales acontecidas en años recientes, modificaron de modo sustancial el rol del Estado –entre otros- en nuestro país, generándose procesos de desconcentración, de delegación de responsabilidades anteriormente a cargo de los niveles superiores del Estado provincial y nacional.

Ante los números de la crisis habitacional que posee la Provincia de Buenos Aires, ¿puede decirse que estamos más cerca del Derecho a la Ciudad? No puede existir un avance en términos de derechos cuando, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada cuatro menores de 4 años vive en situación de déficit habitacional y uno de cada cinco en condiciones sumamente precarias, y que de ellos, el 60 % reside en villas de emergencia y el 40% en inquilinatos. Y en la mayoría de los casos, las grandes ciudades expulsan a muchas familias a las periferias provinciales.

La Ley de Acceso Justo al Hábitat, de la Provincia de Buenos Aires, representa un avance importante en el desafío de “dar vuelta la taba” de la segregación urbana. El Derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de recursos.

La nueva ley de Acceso justo al Hábitat, Ley 14.444 es una manera de avanzar hacia la conquista de derechos. Es la forma más acabada con la que cuenta hoy nuestra legislación para dar respuesta a la gravísima situación sociourbana. una norma que refleja los avances más destacables de América Latina en cuanto a regulación de suelo urbano. Se encuadra en un consenso según el cual las leyes que nortean las políticas urbanas ya no pueden ser neutras a los estándares de derechos humanos, los cuales se incorporan a ellas por medio de postulados de no discriminación en el acceso a los bienes y servicios urbanos, de participación, de limitaciones a la propiedad especulativa.

El aporte más importante que tiene la Ley es su sentido reparador de las injusticias en el modo de producir ciudad, principalmente habilitado por el desarrollo de un conjunto de instrumentos de política y manejo del suelo; y los municipios son claves para incorporarlos en la gestión urbana, mucho va a incidir en mejorar el acceso al suelo de los mas pobres y contribuir a tener ciudades más justas y gobernables.

Venimos de décadas enteras de retrocesos constantes en términos de derecho urbanístico y el término “derecho”, en general, se encuentra asociado sólo al “derecho del propietario”. Por lo tanto, se ha legitimado el hecho de que este último pueda capturar enteramente las plusvalías urbanas, a pesar de que las mismas hayan sido generadas principalmente por el Estado a partir de la extensión urbana, cambios en el uso del suelo, o por el desarrollo de las infraestructuras. 

Los estados municipales son claves para encarar la problemática habitacional, es hora que trabajen con las comunidades sociales desarrollando políticas públicas de viviendas, para muchos municipios es mas sencillo cobrar altos impuestos municipales a barrios cerrados que reorganizar las tierras y construir barrios populares a sectores marginales.

El principal desafío es concebir a la Ley de Acceso Justo al Hábitat como un instrumento inscripto dentro de políticas urbanas y estrategias territoriales mayores y más complejas. En pocas palabras, se requiere entender a la ciudad como una construcción social y, a la vez, como un sistema complejo, en el que las actuaciones de tipo normativo ofrecen oportunidades para quebrar las tendencias dominantes de segregación urbana. A estos efectos, la clave o estrategia central que debe guiar toda política urbana es la anticipación. Conocer cuáles son las reglas de juego en el mercado de suelo, y reconocer, como mínimo, cuál es la lógica de ocupación del territorio, posibilita un mejor posicionamiento en las decisiones orientadas a mejorar las condiciones de vida concretas de la población.

 

Entrevista realizada al Prof, arq. Jaime Sorin

Decano Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo UNDAV